Debo hacer un paréntesis en mis recientes columnas sobre la legitimidad de las consultas populares como mecanismo para que las entidades territoriales determinen si es o no, posible adelantar actividades de tipo extractivo en su territorio, para referirme a uno de los más importantes; sino el más importante evento para la industria minera en Colombia: el Congreso organizado por la Asociación Colombiana de Minería, los días 3 y 4 de mayo en Cartagena.
Allí nos damos cita cada año todos los que de alguna forma tenemos que ver con la industria minera para hacer un balance de la situación de la minería en nuestro país. En esta oportunidad, como de costumbre, se discutieron temas muy interesantes y de mucha importancia para el sector; pero me gustaría concentrarme en lo que, para mí, fue lo bueno, lo malo y lo feo.
Lo bueno, y más que bueno, excelente, la intervención de los alcaldes de los municipios mineros, los mandatarios de la Jagua de Ibirico, Buriticá, Vetas y Muzo, hicieron gala de conocimiento de su territorio; hablaron con honestidad de las ventajas de la minería y del manejo que debía darse o que habían dado a las situaciones que usualmente se consideran menos ventajosas de esta actividad, se refirieron sin tapujos a las regalías y a las sentencias de la Corte Constitucional; para ellos, una ovación.
Lo malo y especialmente preocupante, algunas posiciones expuestas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; la primera, haciendo caso omiso de la existencia del artículo 58 de nuestra Constitución, que el concepto de seguridad jurídica es gaseoso e imposible de definir; la segunda, que 6 o 7 demandas internacionales en contra del Estado Colombiano no deberían ser motivo de preocupación, tomando en consideración que países, como Venezuela, España y Argentina, tienen muchas más demandas en su haber; la tercera, que debió haber provocado que Montesquieu se revolcara en su tumba, que hace parte de la esencia de un sistema democrático que las ramas del poder público actúen en contradicción la una de la otra.
Finalmente, lo feo, nos dijeron y pienso yo que, de manera acertada, que somos un gremio “quejetas”, y digo que acertada, no porque no tengamos motivos para quejarnos; porque tenemos muchos, sino porque permitimos por muchos años que confundieran a la minería con la actividad de extracción ilícita de minerales, porque no nos encargamos de mostrarle a todo el país de manera general y a las comunidades, de manera particular, los inmensos beneficios que genera esta actividad económica; beneficios que fueron reconocidos por los alcaldes de los municipios mineros reunidos en Cartagena y aquellos a los que deben su crecimiento económico países como Chile y Perú.
En conclusión, Cartagena simplemente me sirvió para reafirmar mi convicción de que la Minería es fuente de progreso y que los problemas que actualmente atraviesa la industria, se deben principalmente al desconocimiento y tergiversación de la información relacionada con la minería y como no quiero ser una quejetas, seguiré defendiendo esta actividad hasta el día que pueda titular esta columna “En Cartagena, lo bueno y lo excelente del Congreso Nacional de Minería”.
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Autor: Ángela María Salazar