La Presidencia de la República ordenó la publicación del proyecto de acto legislativo No.022 de 2020 – Senado / 458 de 2020 – Cámara, por el cual se reformaría el artículo 79 de la Constitución Política, en el sentido de incluir la prohibición expresa de realizar actividades de exploración y explotación mineras y de hidrocarburos en los ecosistemas de páramo y sus zonas de amortiguamiento.

El trámite en el Congreso de la República se encuentra pendiente de segunda vuelta.

El MADS publicó el proyecto de decreto mediante el cual crearía la Comisión Nacional Ambiental Indígena (“CNAI”), como una instancia de apoyo, concertación e interlocución técnica de la Mesa Permanente de Concertación, respecto de los temas ambientales de interés de los pueblos y territorios indígenas y del MADS. 

La CNAI estaría conformada por representantes de los pueblos indígenas y del gobierno nacional; y sesionaría cuatro veces al año de manera ordinaria y extraordinariamente cuando fuere necesario.

Dentro de sus funciones, la CNAI estaría a cargo, entre otros, de (i) promover la formulación de normas y políticas ambientales que favorezcan a los pueblos y territorios indígenas, incorporando elementos culturales y naturales de sus territorios, (ii) servir como espacio para el diálogo técnico entre los pueblos indígenas, entidades públicas y privadas y organizaciones internacional y de cooperación en materia ambiental; y (iii) proveer apoyo y recomendaciones técnicas a los proyectos de cooperación internacional que se realicen en territorios indígenas. 

El CONPES publicó el documento mediante el cual se establece la política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques, en la cual se adoptan cuatro líneas de acción encaminadas a lograr la meta de cero deforestación neta para 2030, a saber:
Estrategias para consolidar alternativas de aprovechamiento sostenible de los bosques, que permitan mejorar la calidad de vida y economía local de las comunidades, así como estabilizar la frontera agrícola;
Articulación de acciones transectoriales para la gestión de bosques y atención de conflictos territoriales;
Estrategias de prevención y control territorial para reducción de dinámicas ilegales asociadas a la deforestación. 
Fortalecimiento de la gestión de la información (monitoreo y seguimiento) para la toma de decisiones.

Adicionalmente, la política identifica once núcleos de alta deforestación, ubicados en 150 municipios, como foco principal de las medidas

Entidad

Consejo de Estado

Con ocasión de un recurso de súplica presentado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (“ANLA”) y Porvenir II S.A.S. E.S.P. en el curso de un proceso de nulidad, la Sección Primera del Consejo de Estado analizó la medida cautelar de suspensión provisional de dos resoluciones expedidas en 2015, mediante las cuales la ANLA otorgó licencia ambiental para el desarrollo de proyecto hidroeléctrico El Porvenir II. 

A este respecto la Sala estimó que, aunque la licencia ambiental no versa sobre la propiedad de la tierra, su otorgamiento antes de que culminen los procesos sobre los predios, impide que el Estado adopte las medidas de restitución de tierras de manera preferente y desconoce el carácter reforzado de la protección del derecho a la propiedad de la población víctima del conflicto armado, al no tener en cuenta las implicaciones del proyecto sobre los procesos en curso.