¿Cómo aplica la nueva Ley de Plazos Justos?
El pasado 23 de julio se expidió la que se ha denominado la “Ley de Plazos Justos”, Ley 2024 del 2020, la cual busca favorecer a los pequeños y medianos empresarios, quienes a juicio del legislador, se veían obligados a aceptar amplios plazos de pago por parte de sus clientes. La ley resulta relevante, toda vez que impactará una proporción importante de los contratos que se suscriban, teniendo además carácter imperativo, por lo que cualquier estipulación que la contradiga será ineficaz de pleno derecho.
¿Cuál es el ámbito de aplicación?
Todos los pagos realizados en contraprestación de actos mercantiles por personas que tengan o no la calidad de comerciantes, incluyendo al Estado.
¿Qué se excluye de la ley?
1. Operaciones en las que intervengan consumidores.
2. El pago de intereses incorporados en títulos valores, indemnizaciones por daños, incluidos los que deben hacer las aseguradoras, los contratos de mutuo y otros contratos donde los plazos diferidos sean propios de la esencia del contrato.
3. Deudas sometidas a procesos de insolvencia empresarial.
4. Operaciones entre grandes empresas. Recordemos que esta clasificación fue reglamentada en el Decreto 957 de 2019 y depende tanto del sector como de los ingresos por actividades ordinarias anuales de la empresa.
¿Qué obligaciones impone la ley?
Los contratantes deberán pagar sus obligaciones contractuales en un plazo improrrogable establecido por la ley, como se explica a continuación:
1. Durante el primer año de vigencia de la ley, entre el 01 de enero de 2021 y el 01 de enero del 2022 el término máximo será de 60 días.
2. Después del primer año de vigencia de la ley, es decir, a partir del 01 de enero del 2022 el plazo máximo será de 45 días.
3. Para las operaciones mercantiles que se realicen en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el plazo máximo y definitivo será de 60 días, a partir del tercer año de vigencia, es decir, el 01 de enero del 2024.
4. Para las obligaciones del Estado regidas por el estatuto general de contratación de la administración pública el plazo será de 60 días a partir de la aceptación de la factura, sujeto a disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC).
Estos plazos son dados en días calendario y deben ser contados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestación de los servicios, excepto por el numeral 4 anterior que se cuenta a partir de la aceptación de la factura.
¿Qué pasa con los sistemas de facturación?
Los sistemas de facturación deberán ajustarse para dar cumplimiento a lo establecido en la ley, de manera que los procesos de aceptación o revisión de los bienes o servicios, verificación de facturas y documentos soporte, y emisión por parte del contratante de documentos necesarios para la facturación se realicen dentro de los plazos de pago establecidos por la ley.
¿Cuál es la sanción por incumplir?
1. Además de las sanciones por mora, cuando no se realicen los pagos en los plazos previstos el contratista tendrá derecho a pedir una indemnización por los costos de cobro en los que haya incurrido, a través de cobro ejecutivo anexando la liquidación de la indemnización como título ejecutivo.
2. Los actos tendientes a evitar la aplicación de esta ley podrán ser objeto de acciones judiciales y/o sanciones administrativas, sin que se determine exactamente cuáles.
3. Dado que ley es imperativa, toda estipulación en contrario será ineficaz de pleno derecho.
¿Cuándo entra en vigencia la ley?
La ley rige a partir de 1 de enero del 2021.
En el caso en que tengan alguna inquietud estaremos a su disposición para solucionarla.
Autoras
María Alejandra De Los Ríos | [email protected] | Contratos Comerciales
Mónica Moreno | [email protected] | Contratos Comerciales
