¿Por qué es importante que las empresas cuenten con políticas internas enfocadas en la prevención de la corrupción, el lavado de activos y delitos conexos en el contexto colombiano?
El impacto de delitos como el lavado de activos, la corrupción y otros delitos conexos es tan amplio que puede afectar gravemente la reputación y economía de un país. Se ha identificado que las organizaciones empresariales pueden ser utilizadas como vehículos para la comisión de estos delitos, e incluso servir de refugio para estructuras criminales complejas que enmascaran sus operaciones a través de actividades lícitas. Tradicionalmente, la investigación y sanción de estos delitos estaban reservadas a los gobiernos y organismos internacionales, pero en la actualidad se reconoce al empresario como responsable de la vigilancia, identificación y reporte de tales conductas. Las consecuencias para los empresarios son cada vez más estrictas, llegando incluso al riesgo de cierre de operaciones.
En este sentido, la implementación de políticas internas se vuelve fundamental, no solo para colaborar con el estado en la mitigación de estos delitos, sino también como garantía de la sostenibilidad de la empresa, los empleos y los beneficios a largo plazo. Sin esta acción colectiva, cualquier iniciativa sería ineficaz ante la magnitud de estas estructuras criminales. Es, en definitiva, un modelo de “ganar-ganar”: el gobierno cumple con sus compromisos internacionales, se fortalece la confianza en las instituciones, el país mejora su clasificación en los índices globales, y el empresario, a su vez, se beneficia de un ecosistema de inversión más seguro y diverso, lo que genera confianza en los mercados.
¿Cómo es que la actividad lícita de una empresa puede terminar afectada por estas conductas o facilitarlas?
Imagínese que usted es la cabeza de una empresa muy exitosa y reconocida en el mercado, especializada en la venta de hortalizas para consumo humano. Su equipo de ventas ha logrado excelentes resultados gracias a una alta exigencia y al establecimiento de metas ambiciosas. Además, cuenta con varias entidades públicas en su portafolio de clientes, y los reportes de ejecución de estos contratos han sido normales, sin evidenciar contratiempos en el cumplimiento de los mismos. Sin embargo, un día se entera por las noticias que se ha desmantelado una red de corrupción relacionada con los planes de alimentación promovidos por el gobierno, y que una de las entidades públicas que es su cliente está involucrada. Más tarde, descubre que uno de sus empleados del equipo de ventas le entregó un iPhone a un funcionario de dicha entidad para facilitar la adjudicación de un contrato.
Aunque ni usted ni su empresa han cometido una actividad ilegal directamente, la presión por cumplir metas y la falta de controles internos pueden hacer que su empresa termine vinculada a este escándalo. Con esto en mente, pregúntese si no hubiera sido al menos deseable haber transmitido desde el inicio un mensaje de cero tolerancia a los actos de corrupción, implementar canales de denuncia, establecer una política de relacionamiento con funcionarios públicos y definir un procedimiento claro respecto a la entrega de regalos. Estas acciones podrían haber evitado que este incidente ocurriera o, al menos, que un compañero hubiera detectado y reportado la situación a tiempo. Si nada de esto hubiera sucedido, al menos podría haber asegurado que la empresa ejerció la debida vigilancia, dejando claro que se trató de un acto aislado y ajeno a su cultura organizacional.
¿Cuáles son los sectores más expuestos a este tipo de conductas delictivas?
Todas las empresas, independientemente del sector, están expuestas al riesgo, aunque algunos sectores enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad. Por ejemplo, industrias como la de los agentes inmobiliarios, la comercialización de metales y piedras preciosas, la construcción e incluso los servicios jurídicos y contables, tienen una exposición mayor a delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esto se debe a que estos sectores manejan productos o servicios de alto valor monetario y, en muchos casos, transacciones en efectivo, lo que facilita la inversión de dinero proveniente de actividades delictivas, dándole una apariencia de legalidad. Por otro lado, en sectores como el de infraestructura y construcción, salud o minería-energía, donde existen numerosos contratos con el estado y altos niveles de regulación, la exposición al riesgo de corrupción y soborno es considerablemente mayor debido a la constante interacción con funcionarios públicos.
¿Qué medidas puede utilizar el empresario para colaborar con la lucha contra estos delitos?
En Colombia, la regulación sobre la obligación de contar con políticas internas en este ámbito se ha enfocado en establecer marcos con requisitos mínimos, dejando a los empresarios la responsabilidad de diseñar sus propios programas basados en un análisis de su operación. A diferencia de otras jurisdicciones, los entes de control y vigilancia no han establecido un catálogo detallado de obligaciones, ya que sería inviable crear un sistema que se ajuste de manera uniforme a todas las empresas, dado que varían en tamaño, sector, actividad empresarial y funcionamiento interno. Por ello, estos marcos regulatorios funcionan como un punto de partida para el desarrollo de políticas internas, y a partir de allí, la implementación de medidas adicionales dependerá de factores como la operación, la cultura y la estructura organizativa de cada empresa.
Para implementar estas medidas, ¿es necesario contratar un experto?
Aunque los lineamientos están descritos en la ley, siempre recomendamos contar con asesoría especializada, ya que en la práctica hemos evidenciado que se realizan implementaciones incompletas o que no se hace un análisis de los riesgos de cada empresa con base en su operación. En ese sentido, la implementación de estas medidas resulta una inversión a largo plazo ya que permite a las compañías regularizar y documentar diferentes procesos, alinear a las diferentes áreas con estas medidas y sobre todo, contar con herramientas que permitan terminar anticipadamente cualquier contrato, ya sea laboral, comercial o de otro tipo, ante la ocurrencia de actos relacionados con corrupción, lavado de activos y demás delitos conexos.
¿Aparte del riesgo de que la reputación de la empresa se vea afectada, podría estar expuesto a otras sanciones?
Las consecuencias derivadas de no implementar políticas adecuadas de cumplimiento van más allá del riesgo reputacional. En primer lugar, existen sanciones que pueden aplicarse incluso si las conductas delictivas no se concretan. Estas sanciones son impuestas por los entes de vigilancia, como la Superintendencia de Sociedades, por el incumplimiento de las directrices en la implementación de políticas internas. Por ejemplo, la Superintendencia tiene la facultad de imponer multas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada incumplimiento. Aunque estas sanciones son menores en comparación con las que se imponen cuando las conductas se materializan, pueden afectar significativamente la relación con clientes o proveedores, pues la pérdida de confianza en la empresa podría generar consecuencias aún más graves.
En segundo lugar, cuando las conductas delictivas se concretan y se demuestra una incorrecta aplicación de la regulación, las sanciones son mucho más severas. No solo son de carácter económico, sino que pueden incluir multas de hasta 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, inhabilitación para contratar con el estado por hasta 20 años, publicaciones en medios de amplia circulación y la prohibición de recibir subsidios del gobierno. En una pequeña o mediana empresa, esto podría incluso llevar al cierre definitivo. Además, hay que considerar la responsabilidad penal personal de aquellos involucrados en la conducta ilícita, lo que agrava aún más las consecuencias para los individuos implicados.
¿Cuáles serían sus recomendaciones respecto de la implementación de estos programas de cumplimiento?
Las empresas deben revisar anualmente su información financiera para determinar si cumplen con los requisitos que las obligan a implementar programas de cumplimiento. En caso de que estén obligadas, es recomendable contar con la asesoría de un experto tanto para la implementación como para el monitoreo del cumplimiento del programa. Es importante aclarar que, si bien una empresa puede tener políticas internas relacionadas con la prevención de estas conductas, estas no sustituyen la implementación de programas de cumplimiento específicos. Además, capacitar al personal de la compañía en estos temas es esencial, ya que son ellos la primera línea de defensa para identificar y reportar cualquier operación inusual.
Si usted es representante legal o miembro de la junta directiva, debe tener en cuenta que podría estar sujeto a investigaciones y sanciones de manera personal, lo que implicaría responder con su propio patrimonio. Por ello, es crucial que esté al tanto de la correcta implementación, supervisión y cumplimiento de los programas de cumplimiento, y que se asegure de que el mensaje de cero tolerancia a estas conductas llegue a quienes están en capacidad de identificar operaciones sospechosas en el día a día. Es fundamental también establecer un proceso de debida diligencia para verificar que, antes de cualquier vinculación, las contrapartes, empleados o accionistas no estén relacionados con este tipo de conductas delictivas. Al igual que realiza auditorías de calidad y con procedimientos estrictos para garantizar el buen funcionamiento de sus productos, así, es vital contar con herramientas que respalden y protejan la reputación de la empresa. Dado que el contexto empresarial y los riesgos asociados a la actividad comercial están en constante evolución, los programas de cumplimiento deben adaptarse a estos cambios, y los directivos deben propender por su implementación y actualización continua.