Hace poco leí un artículo que atacaba a la minería; desde su título, que asociaba la actividad minera con juegos de azar, pasando por el cuerpo del texto, apoyado en números aparentemente irrefutables y terminando con sus conclusiones lapidarias; el artículo quiso destruir con base en lugares comunes y en afirmaciones revaluadas.
Juzga de manera implacable la contribución de las empresas mineras a las comunidades del área de influencia de los proyectos; y, de actuar de otra forma, serían acusadas de permanecer indiferentes frente a la comunidad.
Insinúa en forma injusta y temeraria, que los funcionarios que trabajan en las autoridades mineras están animados por la obtención de beneficios y, con base en las presuntas actuaciones de una compañía, arroja un manto de duda sobre la legalidad de todas las demás. Afirmaciones como estas, son contrarias al respeto por el buen nombre de funcionarios y empresas que ven en la minería un motor de desarrollo.
Señala que los Planes Nacionales de Desarrollo son un instrumento para incluir “micos” en favor de la minería, pasando por alto que ha sido a través de estos que las condiciones para la obtención de un contrato de concesión han sido aumentadas y que restricciones de carácter ambiental han sido introducidas.
Indica que, pese a que la tercera parte del país está “dedicada” a actividades mineras, la contribución de la minería al PIB es del 1.6%, frente a lo cual es importante señalar que Colombia NO es un país minero; la mayoría de esa tercera parte corresponde a solicitudes y son muy pocos los proyectos que llegan a la etapa de explotación. En Colombia, a gran escala, quizás solo 3 minas de carbón, 1 de ferroníquel, 1 o 2 de oro; entonces, no es despreciable que 5 compañías contribuyan con el 1,6% del PIB del país.
Se refiere a la explotación de minerales metálicos en el Chocó por parte de multinacionales, actividad que brilla por su ausencia, puesto que solo una compañía explota cobre en el Chocó; las otras compañías con contratos de concesión en ese Departamento han visto frustrado su derecho, por las situaciones de orden público que han generado el desplazamiento forzado de sus pobladores y por las dificultades para obtener la sustracción de área de reserva forestal; motivo por el cual la afirmación relacionada con la falta de seriedad de las evaluaciones hechas por las autoridades ambientales resulta desconcertante, tanto la ANLA, como el MADS son entidades serias, con profesionales con amplios conocimientos técnicos, comprometidos con la protección del ambiente.
Bajémosle el tono maniqueo a esta discusión; la minería no es la fuerza del mal encarnada, ni los funcionarios, ni las empresas dedicadas a actividades mineras son corruptos; ni tienen como objetivo acabar con la naturaleza, con las comunidades, ni con la estabilidad alimentaria del país.
La minería es necesaria, produce y puede producir más beneficios para el país y, debe realizarse de forma que se preserve el planeta para generaciones futuras; este es un punto en el que todos convergemos y a partir del cual deberíamos construir un diálogo verdaderamente enriquecedor.
