Una de las externalidades más significativas del Covid-19 es el crecimiento exponencial de la fabricación y consumo de plásticos desechables, junto con la consecuente generación de residuos y agravación de la ya preocupante contaminación ambiental. Por ello, aunar esfuerzos para garantizar la gestión adecuada de los residuos plásticos es un asunto prioritario.

Precisamente, aunque la regulación del plástico está en la agenda internacional, y nacional desde hace varios años, en lo que va corrido de 2021 son numerosas las iniciativas normativas que abordan la materia, y cuyos efectos trascienden la industria del plástico.

Por una parte, el 1 de enero de 2021 entró en vigencia la “Enmienda de Noruega” al Convenio de Basilea, bajo la cual el movimiento transfronterizo de residuos de plástico, con algunas excepciones, se encuentra sometido a trámites de consentimiento previo y otros condicionamientos que, hasta el 2020, se encontraban reservados a residuos peligrosos. Esta modificación se da como reconocimiento a la problemática asociada a la gestión de residuos plásticos, principalmente en países en desarrollo, e impone controles y retos adicionales a quienes desarrollan proyectos regionales de economía circular.

A su vez, en el ámbito nacional, desde 2013 se han presentado varios proyectos de ley, hasta ahora infructuosos, encaminados a regular los plásticos y sus residuos. Actualmente, se tramita un proyecto dirigido a prohibir gradualmente la fabricación, exportación, importación, comercialización y distribución de algunos plásticos de un solo uso (PUU); ordenar la implementación de planes de gestión ambiental para aquellos PUU no prohibidos; y adoptar medidas complementarias (etiquetado, campañas educativas y compras públicas, entre otras).

De ser aprobada, esta ley impactaría a diversos actores, incluyendo empresarios, entidades públicas y consumidores, que se verían avocados a ajustar sus procesos y decisiones. Ello, sin contar con las regulaciones municipales sobre esta materia.

La transición hacia alternativas al plástico que sean más sustentables, en el mediano y largo plazo, no solo resulta deseable, sino que pareciera, además, inevitable, por la adopción de regulaciones cada vez más rigurosas y, paralelamente, una mayor concientización ambiental. No obstante, en una coyuntura tan compleja como la actual, dicha transición debe basarse en la gradualidad de su implementación, para reducir traumatismos sobre los ya golpeados sectores productivos; en la coordinación institucional y coherencia normativa; en la promoción a la innovación y apoyo a la reconversión; en la formalización de recicladores de oficio; y, especialmente, en la difícil modificación de hábitos de productores y consumidores.

Autor: Natalia Soto I [email protected] I Propiedad Intelectual – Patentes