Con la reanudación de las sesiones ordinarias desde el 16 de marzo/2021, el Congreso retoma el trámite de varios y, en algunos casos, controvertidos proyectos de ley relacionados con asuntos ambientales. Entre ellos, el Proyecto No. 283/2019, pendiente de segundo debate, cuyo propósito es sustituir el capítulo de delitos ambientales actualmente contemplados en el Código Penal. En la misma línea, el Ministro de Ambiente anunció recientemente la intención del gobierno nacional de presentar un proyecto sobre delitos ambientales encaminado, entre otros, a combatir la deforestación y promover la conservación.

Ante un ya sobre diagnosticado déficit económico, humano y técnico en la administración del ambiente, este espacio es un llamado a reenfocar los esfuerzos, tanto del gobierno como del Congreso, hacia la búsqueda de soluciones novedosas que permitan fortalecer la capacidad de seguimiento y control de las autoridades ambientales, capacitar a los jueces y fiscales en temas ambientales, implementar mecanismos financieros que provean mayores recursos para la administración de las áreas protegidas y, en general, apuntarle a atacar las complejas causas sociales, económicas y culturales de los conflictos ambientales. Todo ello, como paso previo a la creación de nuevos delitos o el endurecimiento de penas que, en últimas, no solucionan la falta de control estatal sobre los territorios y que, en el mejor de los escenarios, solo agravaría la ya crítica situación de hacinamiento carcelario con personas que, en muchos casos, actúan por necesidad, por ignorancia o por órdenes de los verdaderos beneficiarios de acciones tan reprochables como la deforestación o el daño ambiental.

Autor: Natalia Soto I [email protected] I Recursos Naturales – Minería