Como abogados ‘millennials’ y consumidores naturales de la tecnología, estamos llamados a digitalizar la justicia y el sector en general.
Pese a que el mundo legal también ha sido impactado por la tecnología y que gran parte de los profesionales del derecho en la actualidad hacen parte de la generación de los ‘millennials’, en Colombia, todavía se siente un rezago importante en la tecnificación del medio.
Si bien en casos de arbitraje y en litigios ante entes de control como las Superintendencias, hemos empezado a radicar demandas, escritos por e-mail, recaudar pruebas y llevar a cabo audiencias vía Skype, esto aún no ocurre en los Juzgados y Tribunales Civiles
¿Por qué? Las razones varían. En primer lugar y en su defensa, podría decir que por falta de recursos económicos para tener la infraestructura tecnológica necesaria para que este tipo de casos se resuelvan de manera pronta, eficiente y exitosa.
Actualmente rige para la mayoría de procesos civiles el nuevo Código General del Proceso (CGP) promulgado por medio de la Ley 1564 de 2012, que por distintas disposiciones legales y dificultades prácticas solo entró a regir en 2016. El CGP introdujo disposiciones sobre Justicia Digital que hacían mucha falta y que constituyen (en el papel) un gran avance (ver: Arts. 37, 39, 42.14, 89, 103 y ss. del CGP).
El reto ahora está en aclarar cómo aplicar la justicia digital, aún sin presupuesto ni reglamentación del Estado para su implementación.
Pero el problema no solo es la falta de recursos sino también de educación y preparación para volver la tecnología una aliada en vez de un enemigo. Es común ver que jueces y litigantes aún vean este tipo de avances como dimensiones desconocidas. Seguimos creyendo que sin papel físico es más fácil alterar escritos, cuando la realidad es otra. Hoy, los peritos informáticos están en la capacidad de detectar fácilmente cualquier anomalía, incluso con mayor precisión que el tradicional papel.
Para entender la dimensión del asunto solo hace falta ver que la mayoría de Juzgados en Colombia tienen asignada una cuenta de correo electrónico oficial para recibir memoriales en procesos civiles, pero se niegan a hacerlo. ¿No les parece que es algo muy sencillo con lo que podríamos empezar?
Radicar memoriales vía e-mail, por ejemplo, ya debería ser una realidad, pues la Ley 527 de 1999 y el mismo CGP (art. 122) lo permiten. Si ven inconveniente en imprimir y almacenar el mensaje de datos y sus anexos por los costos que esto acarrea, las partes podemos acordar radicar los documentos físicos y una copia en DVD dentro de un término razonable para agregarlo al expediente.
Sin necesidad de que el Gobierno modifique el Presupuesto General de la Nación ni reglamente el CGP, podemos comenzar por pequeños pasos para cambiar el ‘chip’ y avanzar. Como ‘millennials’ y consumidores naturales de laptops, tabletas, smartphones, Wi-Fi, e-mail y demás, estamos en la tarea de ‘empujar’ este nuevo momento en el sector.
El estereotipo del abogado solemne, formal, vestido de sastre y amante del papel, de lenguaje adornado y reacio al cambio, ya es obsoleto. Debe trascender hacia una persona digital y preparada para los cambios positivos que ofrece esta era tecnológica. El futuro es HOY.
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Autor: Christian Pérez
