Con algunas pocas excepciones como la reglamentación de los asuntos ambientales en los territorios colectivos de las comunidades negras y la aprobación de la nueva ley de pasivos ambientales por parte del Congreso de la República, el 2023 resultó mucho menos prolífico en materia ambiental de lo que se estaba esperando del primer año y medio de un gobierno abiertamente defensor de las causas ambientales. No obstante, el 2024 anticipa, al menos en el papel, la expedición de múltiples normas ambientales nuevas, las cuales, de ser adoptadas, tendrán impactos significativos en los sectores productivos.
Por una parte, de acuerdo con la agenda normativa publicada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) el 31 de diciembre de 2023, para este año se anuncian regulaciones clave en asuntos transversales a los sectores económicos, dentro los que se destaca especialmente la modificación al régimen de licencias ambientales, entre otros, con el propósito de ampliar el listado de los proyectos, obras y actividades que se encuentran sujetos a la obtención previa de dicho instrumento. Desde ya se anticipa que actividades como la fabricación de textiles, actividades agroindustriales del sector arrocero y palmero, la producción de hidrógeno y la exploración minera, entre otras, requerirán la obtención de una licencia ambiental. Igualmente, se espera un fortalecimiento en la participación ciudadana desde instancias de prefactibilidad de los proyectos objeto de licenciamiento, todo lo cual conlleva nuevos retos para las empresas.
Dentro de la agenda se encuentran igualmente temas esenciales como la muy esperada reglamentación de los mercados de carbono en el país y del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de Gases Efecto Invernadero (PNCTE), el cual supondrá, para los sectores regulados, esfuerzos y recursos importantes en reconversión tecnológica o compra de cupos; así como modificaciones al régimen de residuos peligrosos y la regulación de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y no peligrosos.
Asimismo, aunque no se encuentra mencionada dentro de la agenda publicada por el MADS, el gobierno tiene la responsabilidad de expedir la reglamentación de la ley de siembra (Ley 2173 de 2021), a partir de la cual las empresas medianas y grandes estarán en la obligación de implementar programas anuales de siembra, en una proporción de mínimo dos árboles por empleado. El decreto reglamentario, que se espera desde hace más de un año, establecerá las excepciones, forma y tiempos para la exigibilidad de esta obligación.
En lo que respecta al Congreso, actualmente cursan más de sesenta proyectos de ley relacionados con asuntos ambientales, la mayoría de los cuales serán probablemente archivados en junio por el tránsito de legislatura. De cualquier manera, no hay que perder de vista algunas de las iniciativas más relevantes, dentro de las cuales se destacan la modificación del régimen sancionatorio ambiental (PL 116/22C); la reglamentación del greenwashing (PL 015/22C y 101/23S); la ley contra el ruido (PL 066/2023C); y la adopción de los estándares de la Organización Mundial de la Salud para calidad del aire (PL 072/22S y 072/22C). Por su parte, la ambiciosa iniciativa gubernamental para modificar la Ley 99 de 1993, columna vertebral del sistema ambiental del país, parece haber pasado a un segundo plano y no ha sido radicada aún.
Por último, aunque no menos importante, se espera que este año la Corte Constitucional adopte una decisión de fondo sobre la exequibilidad o no del Acuerdo de Escazú, instrumento regional sobre participación ambiental de enorme relevancia para el desarrollo de proyectos productivos y cuyas implicaciones concretas, en caso de que sea avalado por la Corte, son aún inciertas.
Por el momento, que sea esta una invitación para que, desde el sector privado, estemos atentos y preparados frente a una posible avalancha normativa ambiental.
Autora: Natalia Soto